El CGTS se reune con el Secretario de Estado de Servicios Sociales.

 La presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), Ana Lima, y su vicepresidente, Daniel Gil, se reunieron ayer 31 de julio, con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Juan Manuel Moreno Bonilla. Es el primer encuentro entre ambas partes desde el nombramiento de Moreno. El CGTS ha trasladado al Gobierno su preocupación por los recortes que están sufriendo los servicios sociales y ha advertido al secretario de Estado de que el desmantelamiento de los servicios sociales municipales puede salir caro al Gobierno, ya que la demanda se ha disparado, y, además, si desaparecen, será muy difícil volver a crear todo el sistema.

El secretario de Estado de Servicios Sociales ha justificado que ante la falta de liquidez en las arcas públicas, el Gobierno no tiene otra salida que recortar. Moreno ha avanzado que el Plan Concertado, que se ha recortado en un 42% en los presupuestos generales de 2012, está condenado a desaparecer. Según ha argumentado, debido a la crisis, el Estado va a dejar de cofinanciar las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia social. Moreno ha recordado que el Estado ya da otras partidas a las autonomías y a los municipios para servicios sociales. El secretario de Estado de Servicios Sociales también ha confirmado que van a desparecer determinadas mancomunidades, cuyas competencias asumirán ahora las diputaciones.


La presidenta del CGTS también ha expuesto a Moreno su preocupación porque los y las trabajadoras sociales dejen de figurar en la cartera de servicios sociales como profesionales de referencia en el sector, tal y como figura en el borrador del texto. La directora general de Servicios para la Familia y la Infancia, María Salomé Adroher, se ha comprometido a estudiar vías para que los y las trabajadores sociales continúen como los profesionales de referencia sin marginar por ello a otros colectivos de profesionales.

Además, el CGTS ha reivindicado que la colegiación es imprescindible en el trabajo social, ya que el ámbito de intervención de sus profesionales es el de los derechos fundamentales de los ciudadanos. La colegiación obligatoria, que se estudia eliminar siguiendo las directrices de la Unión Europea, permite controlar la buena praxis de los y las trabajadoras sociales, con el reconocimiento que ello supone a la profesión.